Resumen

México enfrenta los retos y desafíos que plantea el acelerado envejecimiento poblacional. Un elemento central es el aspecto económico. Con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014 se analizan los principales mecanismos y determinantes de la seguridad económica en la población de edades de 65 y más años. Resaltan las diferencias según sexo. Se muestra la importancia de los beneficios gubernamentales como fuente de recursos, enseguida aparecen las pensiones para la población masculina y para la femenina los donativos. Sin embargo, los montos de ingresos en la vejez suelen ser insuficientes, sobre todo para las mujeres. La variable que más favorece la probabilidad de contar con seguridad económica es pertenecer a un hogar unipersonal, mientras que ser mujer es el factor que más la reduce.

Introducción

México ha seguido el patrón tradicional de transición demográfica, caracterizada por el paso de altos niveles de mortalidad y fecundidad a niveles bajos y controlados. Después de la Revolución Mexicana y como consecuencia de los reclamos emanados de la sociedad, las políticas sociales priorizaron las mejoras en los niveles de vida y dedicaron especial atención al descenso de la mortalidad a través de la expansión de la infraestructura médica y sanitaria y de los servicios educativos ( Gómez de León y Partida, 2001). Así se dieron descensos significativos de la mortalidad: mientras que en 1930 se registraban 26,9 decesos por cada 1000 habitantes, en 2010 fueron 5,6. Los descensos de la mortalidad también se expresan como aumentos de la esperanza de vida: en 1921 la esperanza de vida al nacimiento era de 32,1 para los hombres y 33,8 en las mujeres, mientras que para 2010 las cifras eran 71,1 y 77,0 respectivamente ( Conapo, 2015), denotando incrementos de cuarenta años. Partida (2005) identifica que el incremento más significativo en las ganancias de vida se presentó entre 1942 y 1960.

En desfase con la mortalidad, la fecundidad comenzó a disminuir hacia mediados de la década del sesenta. De acuerdo con Mier y Terán y Partida (2001), las transformaciones reproductivas fueron resultados de los mayores niveles de escolaridad de las mujeres y el uso amplio de los métodos anticonceptivos. Estos cambios se reflejan en la evolución de la tasa global de fecundidad () que disminuyó de 7,3 hijos por mujer en 1962 a 2,3 hijos en 2010. Es importante mencionar que en los cambios demográficos también resalta la pérdida neta por migración hacia Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Como efecto adicional, Partida (2005) estima que la migración internacional redujo en 0,4% la tasa de crecimiento natural.

Como consecuencia de los cambios en los componentes demográficos antes señalados, la estructura demográfica se modificó notablemente. Inicialmente, el descenso de la mortalidad y la presencia de una fecundidad alta ocasionaron un rejuvenecimiento de la pirámide por edades, reflejada en una base ancha en los años 1930 a 1970 ( Partida, 2005). Posteriormente, a medida que la fecundidad disminuyó, la base de la pirámide se redujo como parte del proceso paulatino de envejecimiento demográfico. Reflejo de ello son las tasas de participación de la población en edades de 65 y más años (P65+), ya que en 1970 la P65+ representó 3,7%, en 2015 aumentó a 7,2% y se espera que en los próximos años el perfil etario refleje el aumento progresivo de este grupo poblacional, rasgo distintivo del proceso de envejecimiento demográfico. Las estimaciones del Consejo Nacional de Población () estiman que en 2050 la P65+ será 16,2% de la población total.

Frente a estos cambios esperados y anticipados existe la necesidad de considerar la dinámica y las relaciones en el tiempo entre características demográficas y socioeconómicas con miras a prevenir sus efectos y mitigar sus consecuencias. Como parte del proceso de envejecimiento se modifican los patrones de ingreso y gasto en consumo en razón de las necesidades propias de la última etapa del ciclo de vida y de la mayor participación absoluta y relativa de la población en edades avanzadas. Es en este contexto que el análisis de la seguridad económica en la vejez surge con relevancia. Las preguntas que aparecen son: ¿Cuáles son los mecanismos para la seguridad económica en la vejez? ¿Qué factores los determinan? Así, el objetivo de este documento es analizar la seguridad económica de la P65+ utilizando la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares () de 2014.

Además de esta introducción, el presente texto se integra por cuatro secciones y las conclusiones. En la primera parte aparece una revisión de los antecedentes de la seguridad económica en la vejez, donde se incluyen conceptos, definiciones, dimensiones y determinantes. La segunda sección describe la fuente de información. En la tercera sección se presenta un análisis descriptivo sobre los mecanismos de seguridad económica en la P65+. La cuarta sección explora factores explicativos. Finalmente, las conclusiones resumen los hallazgos y sugieren estudios a futuro.

Antecedentes sobre la seguridad económica en la vejez

Conceptos y significados

El bienestar de una persona se compone de distintos elementos. Por un lado aparecen los factores subjetivos que en ocasiones son difíciles de identificar y cuantificar, y por otro se encuentran los factores objetivos, como los aspectos socioeconómicos que contribuyen a la satisfacción y calidad de vida. De acuerdo con Rejda (2012), la seguridad económica forma parte del bienestar y se refiere a un estado donde los individuos están relativamente seguros de satisfacer en el presente y en lo futuro las necesidades y deseos vitales y básicos de alimentación, vestido, vivienda, atención médica y de la vida cotidiana.

En las publicaciones que analizan la población en edades avanzadas, la seguridad económica se define «como la capacidad de disponer de forma independiente de una cantidad de recursos económicos regulares y suficientes para garantizar una buena calidad de vida» (, 2002, citado por Huenchuan y Guzmán, 2007: 102). Se trata de satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas para una calidad de vida aceptable. Aparte de la supervivencia y el bienestar son aspectos que mejoran la autoestima de la población envejecida al brindar independencia, toma de decisiones y alivio a la pobreza.

El análisis de la seguridad económica de la población envejecida se aborda bajo dos aspectos: 1) la situación económica y 2) la posición económica ( cepal-Celade, 2003; Huenchuan y Guzmán, 2007). La situación económica está determinada por el poder adquisitivo, es decir por la cantidad de bienes y servicios que las personas pueden adquirir con la disponibilidad de recursos. De allí la importancia de identificar las principales fuentes y montos de ingreso en la vejez. Es importante mencionar que las necesidades de consumo en la vejez son distintas a las de otras edades y que de hecho se modifican conforme las edades son mayores. Por ejemplo, en general el gasto en vestimenta y vivienda disminuye, mientras que los recursos para la salud se incrementan, dependiendo del estado de salud y de la accesibilidad a servicios de salud por parte del Estado. Por su parte, la posición económica se determina al contrastar los ingresos o bienes con los que cuenta la población en edades avanzadas con los de otros grupos de edad y entre el mismo grupo de población envejecida. De particular relevancia son las desigualdades por sexo, localidad de residencia y niveles socioeconómicos.

Factores relacionados

Entre las variables que determinan la seguridad económica de la población en edades avanzadas, Pérez (1996) identifica los siguientes factores: 1) ciclo de vida individual y familiar; 2) biografías individuales con insistencia en antecedentes laborales; 3) biografías generacionales; 4) protección social, y 5) características propias de la vejez.

En relación con el ciclo de vida individual, las características y circunstancias propias de la niñez y la edad adulta determinan las condiciones económicas en la vejez. De acuerdo con Maddox y Campbell (1985, citados por Huenchuan y Guzmán, 2007), los factores más importante que determinan la situación económica de la población envejecida se relacionan con la posición económica en las edades previas a la vejez. El ciclo vital individual se interrelaciona con el ciclo de vida de los hogares, pues este último se define a partir de las características de configuración de las unidades familiares. Aquí son de particular relevancia las cargas que deben asumir los integrantes del hogar en las actividades para el cuidado de la población envejecida. Asimismo, son importantes las tareas de cuidado y soporte por parte del adulto mayor a otros integrantes del hogar, como el cuidado a los nietos y las trasferencias intergeneracionales.

Las biografías personales se refieren a los antecedentes laborales de la población envejecida. De particular relevancia en México son las cotizaciones que hayan acumulado al jubilarse y su capacidad de empleo en la vejez. Las biografías generacionales corresponden al contexto en que han ido envejeciendo y se refieren a los factores propios de la historia social, económica y política de las sociedades de las que forman parte.

Las características de los sistemas de protección social se reflejan en las oportunidades y en las amenazas para lograr un ingreso sustituto digno en la edad avanzada y, entre otros aspectos, en la posibilidad de acceder a la atención de la salud.

Enfoques complementarios a la seguridad económica

El énfasis en esta investigación es sobre la seguridad económica y el estrecho vínculo que existe con los indicadores de ingresos en las edades avanzadas. Sin embargo, es pertinente señalar que existen otras dimensiones de análisis adicionales al ingreso. Wong y Espinoza (2003) mencionan la riqueza y sus componentes no financieros. De acuerdo con las autoras, a medida que avanza la edad y se transita al retiro de la actividad económica, «el flujo del ingreso pierde su valor como indicador de bienestar económico» (2003: 131). El acceso limitado a los medios económicos, la falta de información, las condiciones precarias de inserción laboral e incluso la desconfianza en el funcionamiento de los mercados financieros limitan las opciones de ingresos económicos en las edades avanzadas. Por lo tanto, es altamente probable que hagan uso de formas no financieras para cubrir sus necesidades básicas de consumo, esencialmente a través de redes familiares y acumulación de bienes.

Para el caso de México, las autoras encuentran que el principal componente de la riqueza individual es de tipo no financiero y corresponde a la propiedad de la vivienda. Sin embargo, se trata de un mecanismo con restricciones de liquidez frente a contingencias como una emergencia de salud.

Recientemente, se han desarrollado distintas investigaciones que toman como eje analítico el estudio del bienestar desde el enfoque subjetivo. Para Wunder et al. (2013) las medidas de bienestar autorreportadas proporcionan un resumen útil de los diferentes componentes del bienestar de las personas en las edades avanzadas. En la misma dirección Li, Ji y Chen (2014) centran su investigación en el análisis del bienestar emocional, es decir en la calidad psicológica de la experiencia cotidiana de los individuos, la frecuencia e intensidad con la que experimentan eventos de alegría, fascinación, ansiedad, tristeza, ira o afectos que hacen la vida agradable o desagradable.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

La es una encuesta que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía () desde 1984, con una periodicidad bienal a partir de 1992 y cuyo ejercicio más reciente corresponde a 2014. El objetivo de la encuesta es recopilar información estadística, por un lado sobre el monto y procedencia de los ingresos de las personas y, por otro, sobre el propósito y cantidad de los gastos en el hogar. Esta información se complementa con las características ocupacionales y sociodemográficas de la población, y con el equipamiento del hogar y las características de infraestructura de la vivienda. La encuesta tiene representatividad nacional, urbana (localidades de 2500 y más habitantes) y rural (localidades de menos de 2500 habitantes).

Sobre las variables de ingresos

De acuerdo con los objetivos planteados, el enfoque es sobre las variables relativas al ingreso. La es el instrumento con información más completa sobre la composición de los ingresos y la encuesta de 2014 incluye más de ochenta claves. El ingreso total se integra por la suma del ingreso corriente y las percepciones financieras y de capital. A su vez, el ingreso corriente es la suma del ingreso corriente monetario y del gasto corriente no monetario. El énfasis en este documento es sobre el ingreso corriente monetario, es decir, aquellos recursos que los integrantes del hogar obtienen en forma de dinero, de manera regular y que se pueden destinar al gasto en consumo de bienes y servicios sin alterar el patrimonio del hogar.

Los principales componentes del ingreso corriente monetario son los ingresos por trabajo, renta de la propiedad y transferencias. Los ingresos por trabajo se refieren a las entradas en efectivo o en especie que reciben los integrantes del hogar, resultado de la participación actual o previa en actividades económicas. Los ingresos por trabajo pueden provenir de las remuneraciones por trabajo subordinado, por actividad independiente y de otros ingresos laborales. La renta de la propiedad incluye los ingresos procedentes de la posesión de activos financieros o tangibles. Las transferencias son todas las entradas en efectivo o especie que reciben las personas y por las cuales el donante no demanda ningún tipo de retribución. Las variables incluidas son jubilaciones, pensiones e indemnizaciones; becas del gobierno e instituciones; donativos de instituciones y otros hogares; ingresos provenientes de otros países en forma de remesas, y beneficios provenientes de programas gubernamentales.

¿Qué nos dice la enigh sobre la seguridad económica de la P65+?

De acuerdo con la , la P65+ alcanzó más de 8,8 millones de personas en 2014. La población femenina fue 54,3%, mientras que la masculina ascendió a 45,7%. La relación de dependencia demográfica de vejez indica que por cada cien personas en edades consideradas adultas y laborables (15 a 64 años) había aproximadamente once personas mayores.

Fuentes de seguridad económica

En el análisis de la situación económica es importante considerar las fuentes de ingreso monetario de la P65+ según sexo, como se ve en el gráfico 1. Las estadísticas revelan las diferencias entre mujeres y hombres en el acceso a recursos económicos, donde se señala la desventaja femenina de menor capacidad de ingresos. Además, se muestra que las principales fuentes de seguridad económica por mucho son los ingresos por transferencias, seguidos por los de trabajo y los de rentas.

En relación con las transferencias, 80,5% de las mujeres y 83,3% de los hombres tienen ingresos por esta vía. Por modalidades de transferencias, destaca que lo más extendido son los programas gubernamentales, sobre todo entre la población femenina, en la cual 60,1% recibe beneficios provenientes del gobierno. Entre la población masculina el porcentaje es de 49,7%. Son tres los principales programas gubernamentales que durante el año 2014 estuvieron encaminados a apoyar a la población en edades avanzadas en México: Oportunidades, Programa de Pensión para Adultos Mayores y Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal. Se trata de programas que han adquirido mayor presencia en los últimos años. Aguila et al. (2001), al explorar las fuentes de ingreso de las personas de cincuenta años y más a inicios del presente siglo, encuentran que las transferencias del gobierno desempeñan un papel poco importante aunque adquieren mayor relevancia en las edades más avanzadas.

Sin embargo, los beneficios gubernamentales son una fuente de recursos económicos que debe evaluarse. Un primer matiz se relaciona con el monto de los recursos que, como se verá en la siguiente sección, son muy débiles como garantía de ingresos. El segundo elemento a destacar es el carácter de los programas que son residuales, asistenciales y focalizados y que no aparecen como un derecho social y ciudadano para la población envejecida. Este derecho es uno de los temas del debate actual a través de la Ley de Pensión Universal. El tercer aspecto se relaciona con la sostenibilidad financiera, pues no existe una institucionalidad que garantice los recursos necesarios y la existencia de los programas para con ello tener la certeza de esta fuente ingresos para la población. De acuerdo con Flores-Castillo, «el Programa 70 y más es un programa de subsidio del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, por lo que el número de beneficiarios atendidos depende de la disponibilidad presupuestal» (2013: 59). El primer año el presupuesto ejercido se incrementó 62%, el segundo año 30%, después se mantuvo estable y en 2012 aumentó solo 12%.

En las transferencias, el segundo mecanismo que aparece como significativo son los ingresos por jubilación, pensión o indemnización. Se trata de beneficios consensuados política y socialmente, con fundamentos legislados y cuyo propósito es otorgar protección frente a la pérdida de ingresos en la vejez, por riesgos de trabajo, por invalidez o por muerte del sostén familiar. Se esperaría que al llegar a la vejez la población contara con una pensión como parte de la recompensa por haber contribuido al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, en el caso de México las cifras muestran la escasa cobertura del sistema de pensiones y las marcadas desigualdades por sexo: solo 36,9% de los hombres tiene ingreso por jubilación, mientras que en las mujeres esta cifra se reduce a 18,6%. La P65+ que no cuenta con una jubilación o pensión se compone básicamente de población que participó en el empleo informal, de población femenina que realizó tareas de trabajo doméstico y cuidados no remunerados, o pertenece a grupos marginados y vulnerados.

Siguiendo con la revisión de las transferencias, el tercer modo en importancia son los ingresos por donativos provenientes tanto de organizaciones no gubernamentales () como de otros hogares. En las cifras se observan las desigualdades por sexo, ya que 23,5% de la población femenina señala que recibe ingresos por esta vía, mientras que la población masculina con donativos es 11,9%.

Los apoyos otorgados por la familia se rigen principalmente por roles sociales, prácticas culturales y por el grado de cohesión familiar. Sin embargo, como mencionan Aguila et al.(2001), se trata de una fuente de ingresos riesgosa, ya que puede o no existir un acuerdo explícito sobre su frecuencia y duración. Además, depende de la capacidad económica de los hogares. Al considerar las futuras generaciones de población envejecida deben considerarse las transformaciones familiares, en especial el descenso de la fecundidad, la intensificación de los patrones de migración y el debilitamiento de la familia como institución de apoyo. Garay, Montes de Oca y Guillén (2014) destacan la presencia de las redes sociales, en especial los apoyos de vecinos y amigos. En relación con las instituciones de asistencia social y de beneficencia que otorgan donativos, estas son escasas y de alcance restringido. También, como parte de las transferencias, los ingresos por remesas fueron señalados por 4,7% de las mujeres y 3,2% de los hombres.

Respecto al ingreso por trabajo, el gráfico 1 ilustra la importancia de esta fuente de recursos económicos en la P65+, sobre todo para la población masculina, ya que 43,5% de los hombres y 15,8% de las mujeres estiman ingresos por esta vía. La escasa cobertura de la seguridad social y el bajo monto de los recursos llevan a que se procure actividad laboral. Un porcentaje importante recibe ingresos por trabajo independiente, es decir, por negocios industriales, comerciales, de servicios o agropecuarios, y una menor proporción por trabajo subordinado.

En estas condiciones una gran parte de la P65+ participa en actividades precarias del trabajo informal. Esto da cuenta de las modalidades de inserción laboral de la población en edades avanzadas y la necesidad de actividades económicas adecuadas en la vejez.

Ingresos y poder adquisitivo

En la revisión de los ingresos económicos en la vejez que aparece en el gráfico 2, la P65+ declara bajo monto de recursos, con desigualdades importantes entre fuentes. Así, en 2014 el ingreso promedio mensual en hombres se estima en $ 4800 y en las mujeres fue de $ 2300. El ingreso donde se presentan los montos más altos es en el trabajo subordinado entre la población masculina y las rentas entre la población femenina. En el otro extremo, los estipendios más bajos corresponden a los beneficios gubernamentales, tanto en hombres como en mujeres en edades avanzadas. Aquí es importante señalar que según el gráfico 1 se trata de la fuente de ingresos más mencionada por la P65+. Aproximadamente la mitad de la población en edades avanzadas recibe apoyos gubernamentales que en términos medios no superan $ 700 mensuales.

Cuando estas fuentes de ingreso se contrastan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de consumo de bienes y servicios en la vejez, se encuentra que diversos rubros son inferiores al valor de la línea de bienestar, equivalente a la suma de los costos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria que define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social () y que en 2014 fue aproximadamente de $ 2500 en las localidades urbanas y de $ 1600 en las rurales. En general, los ingresos que tanto hombres como mujeres reciben por donativos, remesas y beneficios gubernamentales y los estipendios que perciben las mujeres por trabajo independiente son notoriamente bajos.

Las estadísticas previas dan cuenta de las escasas posibilidades de contar con una cantidad de recursos económicos suficientes en las edades avanzadas y con ello también señalan la ausencia de seguridad económica entre la P65+. Se trata de elementos que se vinculan con una mayor dependencia económica e incrementos de la vulnerabilidad socioeconómica en la vejez. No se debe olvidar que la falta de seguridad económica anula las posibilidades de un envejecimiento en condiciones de dignidad y seguridad.

Pobreza en la vejez

Huenchuan y Guzmán indican que «la seguridad económica es el opuesto de la pobreza» (2007: 102). Las gráficas previas muestran que los ingresos de la P65+ son insuficientes para garantizar una buena calidad de vida y es de esperarse que un porcentaje importante se encuentre en situación de pobreza. Con datos del Coneval se forma el gráfico 3, donde se indica que 45,9% de la P65+ se encuentra en situación de pobreza, con 37,4% en pobreza moderada y 8,5% en pobreza extrema y que las cifras no tienen diferencias significativas entre sexos. Incluso cuando se contrastan estas estadísticas con la población menor de 65 años de edad se encuentra que tampoco hay disparidad evidente, ya que los porcentajes de población en pobreza son 46,2%, 36,6% y 9,6% respectivamente. Estas diferencias mínimas no desmienten la opinión de Huenchuan y Guzmán (2007) de que la población en edades avanzadas presenta menores niveles de pobreza en relación con el resto de la población, pero el rasgo a destacar son los altos porcentajes de pobreza que afectan a toda la población incluyendo la vejez.

La metodología del considera dos ámbitos en el análisis de la pobreza: el bienestar económico y las carencias en derechos sociales. En cuanto a la P65+ carente, en el espacio de bienestar se encuentra que 53,6% es población con ingreso inferior a la línea de bienestar y 21,2% con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (tabla 1). Eso implica que más de la mitad de la población en edades avanzadas no cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, además de que más de una quinta parte ni siquiera puede adquirir una canasta alimentaria básica.

Al desagregar los indicadores de bienestar económico de la P65+ por sexo, aparece que 53,8% de los hombres y 53,4% de las mujeres reportan ingresos inferiores a la línea de bienestar (tabla 1). Este es un resultado que sorprende, ya que la evidencia previa mostraba que las mujeres presentaban menor acceso y montos más bajos de ingresos por trabajo y por jubilaciones y pensiones (gráficas 1 y 2), por lo que se esperaría que las mujeres se encontraran en peor situación. Es probable que esto se deba a que la metodología del se refiere al ingreso corriente total per cápita de los hogares, ajustado por escalas de equivalencia y economías de escala. Recordemos que uno de los elementos centrales de la seguridad económica es el de la capacidad de la población en edades avanzadas de disponer de recursos propios para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, «resulta conveniente analizar la pobreza a nivel individual con el fin de captar a las personas de edad avanzada que no cuentan con ingresos propios y que, aun viviendo en hogares que no se encuentran en situación de pobreza, carecen de autonomía financiera personal para satisfacer sus necesidades» (, 2006, citado en Huenhuan y Guzmán, 2007: 109).

Una aproximación de la estimación del bienestar económico a nivel individual y no sobre la base de los hogares, que consistió en obtener el ingreso corriente monetario mensual de la P65+ y compararlo con la línea de línea de bienestar que determina , encontró que 76,1% de los hombres y 91,8% de las mujeres tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar. Estos resultados denotan las marcadas desigualdades de ingresos y bienestar económico entre mujeres y hombres en edades avanzadas. Asimismo, las cifras anteriores muestran la necesidad de analizar la seguridad económica a nivel individual, ya que la estimación a nivel de los hogares puede invisibilizar la dependencia financiera entre los integrantes del hogar. Las estadísticas sobre la estimación a nivel individual indican que 84,6% de la P65+ reporta ingresos inferiores a la línea de bienestar. Se trata de población que carece de autonomía de ingresos personales, situación que quebranta la seguridad económica en la vejez.

En relación con los indicadores de carencia social que aparecen en la tabla 1, 60,7% presenta carencia por rezago educativo, 13,1% carencia por acceso a servicios de salud, 17,2% carencia por acceso a la seguridad social, 7,7% carencia por calidad y espacios de la vivienda, 21,8% carencia de acceso a servicios básicos de la vivienda y 20,0% carencia por acceso a la alimentación. Así, la P65+ enfrenta múltiples privaciones que desde el espacio de los derechos sociales limitan el ejercicio de sus libertades.

Determinantes de la seguridad económica

Los indicadores y estadísticas anteriores muestran que la seguridad económica en la P65+ es limitada. Las preguntas que surgen son: ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la presencia de recursos económicos en la vejez? ¿Existen diferencias según fuente de ingresos? Para atender estas interrogantes se estiman cinco modelos de regresión logística sobre la probabilidad de contar con seguridad económica en la vejez (modelo 1), y a partir de las principales fuentes de ingresos se tienen: trabajo (modelo 2), pensión o jubilación (modelo 3), beneficios del gobierno (modelo 4) y donativos (modelo 5). Siguiendo a Sulaiman y Masud (2012), las variables explicativas se agrupan en dos grupos: a) factores sociodemográficos (sexo, grupos de edad, situación conyugal, lengua indígena, clase de hogar, menores y localidad) y b) factores económicos (salud, discapacidad y alfabetismo) como se propone en el cuadro 1.

La tabla 2 incluye los coeficientes de cada una de las regresiones y varias medidas de ajuste. El número de observaciones es de 5306 en las cinco regresiones. La R de McFadden fue 17,0% en la regresión de ingresos por trabajo y 6,8% en el modelo de ingresos por donativos. El resto de las estimaciones se ubica entre estos rangos. Además, 89,8% de los datos fue correctamente clasificado en el modelo de ingresos por seguridad económica. En el otro extremo, la regresión de ingresos por beneficios gubernamentales presenta el porcentaje más bajo de 69,0%. También aparecen el error estándar y la probabilidad que indica si el coeficiente es estadísticamente significativo al 1% (***), 5% (**) y 10% (*). Recordemos que en las regresiones logísticas la interpretación no se realiza directamente sobre los coeficientes, sino que es necesario transformar la ecuación logitoriginal, y en este caso se estimaron los efectos marginales en su valor medio, que permiten una interpretación más directa a través de las probabilidades de ocurrencia de las variables explicativas. Los efectos marginales aparecen en la tabla 2 y se ilustran en el gráfico 4 con el objetivo de facilitar el análisis de las cifras.

Modelo de regresión logística de la seguridad económica

Los efectos marginales que se ilustran en el gráfico 4 muestran que manteniendo todas las demás variables del modelo constantes en su valor medio, el predictor positivo más importante de la seguridad económica en la vejez es el hogar unipersonal. Vivir solo, en contraste con pertenecer a un hogar nuclear, aumenta la probabilidad de ingresos en la vejez en 7,4 puntos porcentuales. Es posible que las personas en edades avanzadas que viven solas sean más independientes y al no compartir un espacio físico tampoco lo hagan con los recursos económicos y se encuentren en mejores condiciones socioeconómicas. Sulaiman y Masud (2012) incluyen como variable explicativa la no corresidencia, pero no encuentran un efecto significativo. La edad, la situación conyugal de viudez y la residencia en localidades rurales también incrementan la probabilidad de contar con seguridad económica en la vejez, con un efecto marginal de 0,001, 0,023 y 0,045, respectivamente.

La variable con signo negativo más importante sobre la probabilidad de contar con seguridad económica es el sexo. Ser mujer reduce la probabilidad de contar con ingresos en la vejez en 8,9 puntos porcentuales. Estos resultados son consistentes con la estadística descriptiva previa y con los estudios sobre seguridad económica y envejecimiento, en el sentido de que el sexo es un predictor importante de los ingresos y que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja ( Sulaiman y Masud, 2012). Asimismo, la presencia de problemas de salud y la discapacidad, factores proxy de las condiciones económicas, reducen la probabilidad de contar con ingresos en la vejez (efecto marginal de -0,013 y -0,023). De acuerdo con Sulaiman y Masud (2012), la buena salud es imprescindible para participar en la actividad económica. Sin embargo, la P65+ está más propensa a padecer enfermedades y discapacidades que reducen las posibilidades de trabajar y con ello de contar con ingresos.

Es de notar que las variables situación conyugal sin pareja; lengua indígena; clase de hogar ampliado, compuesto o corresidente; número de integrantes de once y menos años de edad, y alfabetismo no resultaron estadísticamente significativas en la regresión sobre seguridad económica en la vejez.

Modelo de regresión logística de las fuentes de seguridad económica

El gráfico 4 también ilustra los efectos marginales () correspondientes a los ingresos por trabajo, pensión o jubilación, beneficios gubernamentales y donativos. La variable sexo resultó estadísticamente significativa en los cuatro modelos. Ser mujer aumenta la probabilidad de recibir apoyos económicos del gobierno con de 0,110 y la de recibir ayudas de otros hogares en forma de donativos es de 0,100. Por otro lado, la variable reduce la probabilidad de contar con ingresos por pensión. Aquí el de -0,178 indica que, manteniendo el resto de las variables constantes, ser mujer reduce la probabilidad de recibir ingresos por pensiones en 17,8 puntos porcentuales. También se relaciona negativamente con la probabilidad de recibir estipendios por trabajo con de -0,291. De hecho, en esta última regresión se trata de la variable con el efecto negativo más importante. Estas cifras confirman que es menos probable que las mujeres en edades avanzadas participen en la actividad económica ( Van Gameren, 2008; González-González y Wong, 2014; y Nava y Ham, 2014) y reciban pensiones ( Parker y Wong, 2002). En consecuencia, aumentan las transferencias del gobierno, de instituciones y familiares ( Aguila et al., 2001).

La edad no resultó estadísticamente significativa en los modelos de ingreso por pensión y donativos. En el resto de las estimaciones se encuentra que si se incrementa la edad en un año, la probabilidad de tener ingresos por beneficios gubernamentales aumenta, con de 0,014, en tanto que la probabilidad de recibir ingresos por trabajo se reduce, con de -0,017. González-González y Wong (2014) también entienden que la edad se asocia negativamente con la participación en el mercado de trabajo.

La situación conyugal de no tener pareja tomando como categoría de referencia a la unión solo resultó significativa en los modelos de ingresos por trabajo con un efecto positivo de 0,055; e ingreso por beneficios del gobierno, con un efecto negativo de -0,111, mientras que la viudez disminuye la probabilidad de contar con ingresos por beneficios gubernamentales con de -0,074 e incrementa la probabilidad de recibir ingresos por donativos en 4,7 puntos porcentuales y por pensión en 11,8 puntos porcentuales. De acuerdo con Parker y Wong (2002), las mujeres en edades avanzadas que no participan en la actividad económica no necesariamente se encuentran en peores condiciones económicas, ya que es probable que estén aseguradas por las pensiones de viudez.

Hablar una lengua o dialecto indígena tiene un efecto estadísticamente significativo en los modelos de ingresos por trabajo y beneficios gubernamentales. En ambos casos incrementa la probabilidad de contar con estas fuentes de ingreso en 7,5 y 9,2 puntos porcentuales, respectivamente. Además, reduce la probabilidad de recibir ingresos por pensión en 7,9 puntos porcentuales.

La clase de hogarunipersonal, tomando como referencia a los hogares nucleares, aumenta la probabilidad de recibir estipendios por trabajo, beneficios gubernamentales y donativos. Se trata de la variable con el positivo más fuerte en las regresiones de ingreso por trabajo, que es 0,100, y por donativos, de 0,147. Pertenecer a otro hogar, que puede ser ampliado, compuesto o corresidente, solo resultó significativo en los ingresos por donativos y por trabajo. En ambos casos disminuye la probabilidad de contar con estos recursos.

El número de integrantes de once y menos años de edad disminuye la probabilidad de contar con ingresos por pensión y por donativos con -0,019 y -0,023, respectivamente. En el resto de los modelos la variable no resultó significativa.

Residir en una localidad rural aumenta la probabilidad de recibir estipendios por trabajo y apoyos del gobierno. En relación con el último modelo, es la variable con el más fuerte: 0,308. Además, tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de recibir ingresos por pensión o jubilación. Aquí también aparece como la variable con el efecto más importante, -0,230. En la estimación sobre donativos no resultó significativa.

Tener algún problema de salud disminuye la probabilidad de tener apoyos del gobierno y donativos, con -0,042 y -0,035 respectivamente, mientras que el efecto que la variable tiene sobre la probabilidad de tener ingresos por trabajo es positivo e indica que presentar problemas de salud incrementa la probabilidad de recibir ingresos por trabajo en 2,3 puntos porcentuales, un resultado que no se esperaba y que no coincide con otros antecedentes. De acuerdo con Van Gameren (2008), una mejor salud causa un mayor apego al mercado laboral. También González-González y Wong (2014) encuentran evidencia significativa de que la presencia de hipertensión, diabetes, ataques al corazón, embolias y la dificultad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria disminuyen la probabilidad de trabajar. En ambas investigaciones la fuente de información es el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (), que incluye información de enfermedades crónicas autorreportadas, mientras que en el modelo propuesto la variable es limitada al referirse a los problemas de salud que han impedido realizar las actividades diarias en el último año. Así, es posible que en el corto plazo la presencia de estos padecimientos incremente los gastos en salud y de allí la importancia de participar en el mercado laboral.

La discapacidad aumenta la probabilidad de recibir ingresos del gobierno, con 0,052 y donativos de 0,030. Por el contrario, disminuye la probabilidad de recibir ingresos por trabajo con -0,129. No tiene un efecto significativo sobre las pensiones.

El alfabetismo aumenta la probabilidad de recibir ingresos por pensión o jubilación. Es la variable con el factor positivo de mayor peso: 0,143. Saber leer y escribir disminuye la probabilidad de contar con ingresos provenientes de transferencias del gobierno. Aquí también aparece como la variable con signo negativo más importante, con de -0,144. Además, disminuye la probabilidad de recibir ingresos por trabajo, con -0,037. Es posible que se trate de población que participó en el mercado laboral en las edades activas y que en la vejez cuenta una pensión. Como previamente se mencionó, la variable se relaciona positivamente con los ingresos por pensión. Van Gameren (2008) y González-González y Wong (2014) encuentran una relación inversa entre la escolaridad y la participación laboral: el nivel de primaria reduce la probabilidad de trabajar en comparación con no tener instrucción.

El gráfico 5 muestra cómo varía la probabilidad de contar con seguridad económica y de recibir ingresos por beneficios gubernamentales y por trabajo en función de la edad para mujeres y hombres, manteniendo el resto de las variables constantes en su valor medio. Puede advertirse cómo la diferencia entre hombres y mujeres se reduce en las edades más avanzadas. Incluso, en los ingresos por beneficios gubernamentales los intervalos se cruzan. Además, la probabilidad de contar con seguridad económica en la vejez es siempre mayor para la población masculina en comparación con la población femenina. La brecha por sexo es significativamente marcada en la probabilidad de recibir ingresos por trabajo. Las mujeres registran una mayor probabilidad de recibir ingresos por beneficios gubernamentales a lo largo de todas las edades.

El gráfico 6 muestra las probabilidades predichas para el caso específico de una persona que cumple con las características de no tener pareja, no hablar lengua indígena, vivir sola, en una localidad urbana, no presentar problemas de salud recientes, no reportar discapacidad y saber leer y escribir. Aquí las brechas entre sexo se reducen y aumentan las probabilidades de contar con ingresos.

Conclusiones

La seguridad económica en la vejez es limitada y heterogénea, y las mujeres se encuentran en peores condiciones económicas. Los principales ingresos de la población masculina son los beneficios gubernamentales, las pensiones o jubilaciones y los estipendios por trabajo, mientras que en la población femenina son los beneficios gubernamentales, los donativos y las pensiones.

La regresión logística encuentra que ser mujer y vivir en un hogar unipersonal son las variables que más influyen en la probabilidad de contar con seguridad económica en la vejez, la primera con un efecto negativo y la segunda positivo. Más de la mitad de la P65+ recibe beneficios gubernamentales, cuando vivir en una localidad rural y el analfabetismo aparecen como los factores explicativos más determinantes. Asimismo, el sexo, la localidad, el alfabetismo y la clase de hogar son las variables que marcan mayor probabilidad de recibir pensión, donativos e ingreso por trabajo.

Estos resultados infieren la necesidad de mejorar la seguridad económica en la vejez y de priorizar a las mujeres. En la revisión de los mecanismos se debe tomar en cuenta que en el ámbito de la actividad económica se juzga indispensable la separación del trabajo por razones de edad. En relación con los ingresos que provee la familia en forma de donativos, debe considerarse el debilitamiento de los lazos familiares. La forma que se considera ideal son los ingresos por pensión o jubilación que realmente sigan principios de solidaridad entre clases sociales y generaciones.

A partir de los resultados de la regresión y tomando en cuenta el incremento de los hogares unipersonales en un contexto de envejecimiento demográfico se deduce que es necesario dedicar mayor atención a estos hogares, identificar a quienes se encuentran en mejores condiciones socioeconómicas y, sobre todo, procurar a aquellas personas en condiciones de pobreza y aislamiento social que son altamente vulnerables a enfermedades y accidentes.

Un elemento que llama la atención es el hecho de que la población en edades avanzadas presenta menores niveles de pobreza en comparación con el resto de la población. Esta situación enfatiza los beneficios del incipiente Estado de bienestar de los años cuarenta que no se repetirán, por lo que se agravarán las condiciones de pobreza particulares de la P65+ y de toda la población en los próximos años.

Los estudios preguntan por la posibilidad de la P65+ de contar con recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de consumo en el último tramo de la vida. Las futuras líneas de investigación deben considerar que para lograrlo realmente será necesario valuar a futuros de mediano y largo plazo la capacidad económica para producir los bienes y servicios que requerirá la P65+ en una dinámica de envejecimiento demográfico, junto con la estructura ética, social y política que permita la redistribución hacia la población envejecida.

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