Resumen

HOLA

El presente trabajo propone estudiar convergencias y divergencias del proceso de envejecimiento en países del Cono Sur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) e indagar acerca de posibles efectos sobre demandas en dos servicios puntuales de protección social de la vejez: sistemas previsionales y servicios de cuidados de largo plazo. Los países que inician el proceso de envejecimiento más tempranamente (Uruguay y Argentina) irían perdiendo posición relativa en dicho proceso, debido a reducciones menos acentuadas de la fecundidad. Brasil y Chile, con caídas más abruptas de la fecundidad, liderarían el ranking de más envejecidos en 2050. Los recursos requeridos para sostener sistemas previsionales aumentarán significativamente, y la informalidad del mercado laboral latinoamericano y el aceleramiento del envejecimiento poblacional comprometerán el sostenimiento financiero de sistemas puramente contributivos. Por otra parte, los cambios demográficos indican que la demanda de cuidados aumentará notoriamente, mientras que la disponibilidad de personas cuidadoras disminuirá sostenidamente, lo que resultará en la necesaria discusión sobre políticas de cuidado.

Introducción

El proceso de envejecimiento, entendido como el aumento relativo del porcentaje de personas mayores en el total de la población, ha sido mucho más vertiginoso en América Latina y el Caribe que en el mundo desarrollado (Huenchuan, 2013). Por tal motivo, será menor el tiempo con el que contarán los gobiernos de la región para planificar en qué medida reformular los sistemas de protección social de la vejez para atender una demanda creciente.

En los países europeos, el proceso de transición demográfica se produjo en forma paulatina y con anterioridad a lo ocurrido en la región de América Latina y el Caribe, donde, por su parte, el descenso de la fecundidad comenzó a ser evidente a partir de 1960 y se tradujo en el gradual angostamiento de la base de la pirámide de edades. Actualmente, mientras en Europa la proporción de personas mayores (de 65 años o más) llega casi al 18% de la población, en América Latina y el Caribe esa proporción es menos de la mitad. Teniendo en cuenta las previsiones actuales, antes de mediados de este siglo la región podría llegar a una situación dentro del proceso de envejecimiento similar a la que se observa en los países europeos en la actualidad (, 2017), ya que para 2050 se prevé que las personas mayores de América Latina y el Caribe representen el 19,4% de la población (, 2017).

El proceso de envejecimiento no se produce de manera homogénea en la región, sino que se observan diferencias importantes entre países, según su etapa en el proceso de transición demográfica. Actualmente, las poblaciones de Argentina y de Uruguay son las más envejecidas del Cono Sur y, junto con la de Cuba, las más envejecidas de América Latina. En este sentido, y de acuerdo a las estimaciones del World Population Prospects (, 2017) para el año 2015, mientras que la proporción de personas mayores en el promedio regional es del 7,6%, alcanzó el 14,4% en Uruguay, el 13,9% en Cuba y el 10,9% en Argentina. Este fenómeno es el resultado de un proceso histórico de caída temprana de la fecundidad y de la mortalidad en estos países (respecto a lo ocurrido en sus pares regionales) que, si bien continuaría, lo haría con ritmos diferentes a los registrados en el pasado, mientras otros países comenzarían procesos acelerados. Como resultado se produciría una importante reconfiguración en la posición relativa de algunos países de la región, como es el caso de la Argentina. De este modo, de acuerdo con las proyecciones de la onu (2017) para el año 2050 se prevé en la Argentina una proporción de personas mayores de 18%, inferior a la media regional de América Latina (19,4%), mientras que Uruguay y Cuba seguirían por encima (21,6% y 31,3% respectivamente), y otros países del Cono Sur, como Brasil y Chile, superarían la proporción de personas mayores de la media regional (con aproximadamente el 23% de personas mayores en 2050).

A partir de estos cambios surgen tres grandes interrogantes:

El presente trabajo intenta abordar las anteriores interrogantes, por un lado, mediante el estudio de la dinámica histórica y proyectada del proceso de envejecimiento en los países del Cono Sur y de los factores que inciden en él. Por otra parte, indagando acerca de los posibles efectos de los cambios demográficos sobre las demandas de servicios sociales para la protección de las personas mayores. Si bien la protección social de la vejez incluye dimensiones diversas, este trabajo se ocupará específicamente de los sistemas de pensiones y jubilaciones, así como de los servicios de cuidados de largo plazo entre el grupo mayor en situación de dependencia. La observación se centra en el grupo de países de América Latina que forman parte del Cono Sur ampliado: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Debido a la complejidad que supone un acercamiento al análisis del sistema de atención de salud, la estructura de su demanda, sus costos y el potencial impacto que los cambios demográficos tendrán a futuro sobre él, este trabajo no incluye su abordaje, que se considera necesario realizar en un trabajo centrado específicamente en este.

Los datos utilizados en este trabajo son los de las series de estimaciones y proyecciones de la (2017). Se trata de los datos más adecuados para cumplir el objetivo de comparabilidad entre países de la región, aunque no debe perderse de vista que estos pueden no ser siempre coincidentes con los producidos en cada país por las instituciones oficiales de estadísticas, debido a que pueden considerar premisas diferentes.3

Para la comparación de las dinámicas del proceso de envejecimiento, se calcularon el índice de envejecimiento, la tasa global de fecundidad ( y la tasa de crecimiento natural para el período 1950-2050. A partir de lo anterior, se analizó el comportamiento convergente/divergente del envejecimiento en los países de esa región, así como de los componentes demográficos determinantes.

Para el análisis de los efectos potenciales sobre la demanda de jubilaciones y de pensiones, se establecieron los niveles de cobertura actual sobre la base de indicadores de cantidad y calidad. Asimismo, fueron estimadas las perspectivas futuras en la evolución de indicadores de demanda potencial, así como la evolución esperada de las necesidades de cuidados de la población de personas mayores, junto con el número de potenciales cuidadores.

¿Hacia un envejecimiento convergente o divergente?

El Gráfico 1 muestra la serie histórica (estimada) desde 1950 hasta 2015, y las proyecciones hasta 2050, del índice de envejecimiento, que da cuenta de la proporción de personas de 65 años y más respecto del grupo de cero a catorce años, para los países del Cono Sur.

En el Gráfico 1, el análisis de esta serie histórica permite identificar importantes rasgos y cambios en el proceso de envejecimiento de la región:

El Gráfico 2, por su parte, muestra la evolución de la para los países del Cono Sur durante el mismo período (1950-2050):

El Gráfico 3 muestra la evolución de la esperanza de vida al nacer para los países del Cono Sur durante el mismo período (1950-2050). Allí puede observarse un proceso de convergencia. Un caso particularmente destacable es el de Bolivia, que incrementa sustancialmente la esperanza de vida al nacer en el período, para alinearse con el resto de los países de la región.

El Gráfico 4 muestra la evolución de la esperanza de vida a los 65 años y, en este caso, no se observa mayor convergencia o divergencia, sino una reconfiguración de la posición relativa de los diferentes países. En tal sentido, sobresale el empeoramiento relativo de Paraguay y el mejoramiento relativo de Chile, que encabeza la esperanza de vida más alta del Cono Sur hacia 2050.

Por último, el Gráfico 5 muestra la evolución de la tasa de crecimiento de las poblaciones y permite apreciar un proceso convergente de caída de las tasas de crecimiento que, en el caso de Uruguay, Chile y Brasil, llegarían prácticamente a cero en 2050.

Pensiones contributivas y no contributivas en países del Cono Sur

Las transformaciones demográficas descriptas en el apartado anterior resultan relevantes para planear políticas de protección y seguridad social, en la medida en que suponen cambios cuantitativos y cualitativos en la organización social y en las necesidades de protección de las poblaciones (, 2016).

Diferentes autores han planteado preocupación acerca del impacto del envejecimiento poblacional sobre el bienestar de las poblaciones y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social (, 2008; Lee, Mason y Cotlear, 2010; Comisión Europea, 2010; Kotlikof y Burns, 2004, en Scherbov, Sanderson y Mamolo, 2014). Sobre esta preocupación Minoldo y Peláez (2018) se plantean si el envejecimiento constituye efectivamente una amenaza para la viabilidad material de los sistemas de protección social de la vejez, para nuestras economías o para el bienestar de los niños. En tal sentido, concluyen que, lejos de que se verifiquen procesos de envejecimiento desequilibrados con relación al desarrollo de producciones materiales, acordes al crecimiento de demandas de consumo, el principal problema que implica el envejecimiento tiene que ver con las dificultades institucionales y financieras que supone, para los sistemas de protección social, la necesidad de adaptarse a transformaciones en la composición de las demandas de consumo de las poblaciones.

La seguridad social constituye un componente central de la seguridad económica de la vejez (Huenchuan, 2013). José Miguel Guzmán (2002) define a la seguridad económica como la capacidad de disponer de forma independiente de una cantidad de recursos económicos regulares y suficientes para garantizar una buena calidad de vida. A este respecto, en los últimos años hubo un aumento en la cobertura de los sistemas de pensiones de los países analizados (, 2017). Muchos de los sistemas de pensiones, estricta o principalmente contributivas, fueron complementados con la expansión de sistemas de pensiones no contributivas, lo que permitió ampliar la cobertura de los sistemas. En algunos casos, como en el de Argentina, se establecieron también algunas flexibilidades para permitir que los sistemas contributivos incluyeran a personas que habían sido irregulares en sus contribuciones (aunque en los hechos, ello permitió acceder a jubilaciones «contributivas» a personas incluso sin ninguna trayectoria de aportes).

Como puede observarse en el Gráfico 6, en todos los países analizados la cobertura supera el 80% desde 2008 (, 2017), con la excepción del caso de Paraguay que, si bien presentó mejoras en los últimos años, no alcanzó siquiera una cobertura del 50% de las personas mayores en 2015.

Las brechas en el acceso a seguridad social son producto en parte de desbalances en los mercados de trabajo y en parte del diseño de los sistemas (Amarante, Colacce y Manzi, 2016). En tal sentido, una brecha especialmente significativa con relación al acceso es la de género. La menor participación femenina en el mercado formal de trabajo y su mayor participación en el trabajo no remunerado, consecuencia de roles tradicionales de género y arreglos de cuidados que se visibilizan al interior de los hogares, tienen un efecto sobre las brechas tanto de acceso como del monto de las pensiones, en la medida en que el diseño previsional tiende a priorizar la protección del trabajo mercantil formal, así como a segmentar la calidad de protección en función de los niveles de ingresos laborales y del mayor o menor cumplimiento de una trayectoria contributiva (Minoldo et al., 2015).4

Por otro lado, cabe preguntarse si la elevada cobertura de los sistemas de pensiones de la región se condice con una calidad de beneficios que permitan una vida digna. En tal sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (, 2015), que ha sido firmada por los países analizados con la excepción de Paraguay, señala en su artículo 17 sobre el derecho a la seguridad social que

Para tener en cuenta la calidad diferencial de las pensiones en los países analizados, se calculó una pensión media regional considerando la información proporcionada en el Panorama social de América Latina de 2017 (, 2017). En la Tabla 1 se presentan datos de las pensiones mensuales promedio percibidas y de la brecha de género que presentan dichas pensiones.

En la Tabla 1 se aprecia que, si bien Bolivia es el país con mayor cobertura de la región, dicha cobertura se sostiene a partir de prestaciones de baja calidad, ya que su pensión media equivale a solo un 35% de la pensión media regional. En contraste, se destaca el caso de Uruguay con una pensión promedio un 32% superior a la media. Por su parte, Argentina y Brasil son los países con las menores brechas de género en las percepciones de pensiones.

Con base en la situación descripta en la Tabla 1, es interesante analizar cómo los cambios demográficos de los próximos años pueden influir en las posibilidades de alcanzar el desafío de universalizar una cobertura para todas las personas mayores con pensiones de calidad. Es por ello que se busca establecer, a continuación, en qué medida los cambios en la dinámica demográfica generarán modificaciones en las demandas de consumo de recursos para los sistemas de pensiones. Ahora bien, dado que Julio Pérez Díaz (2005) sostiene que los cambios en la estructura por edades ponen en discusión su significación social, el análisis preliminar prospectivo que se haga puede estar sujeto a cambios empíricos en la medida en que vaya modificándose el rol que las personas de cada franja etaria desempeñan en la sociedad.

Para la realización de un ejercicio prospectivo de las necesidades de recursos para el acceso universal a pensiones, entran en juego variables políticas, económicas y demográficas. Mientras que las dos primeras son muy complicadas de predecir, la variable demográfica tiene cambios más previsibles y posibilita un análisis preliminar de los desafíos.

Para la simulación se analizaron dos escenarios:

En el primer escenario, Paraguay deberá multiplicar por más de seis los recursos destinados al sistema de pensiones y Brasil casi por cuatro. En el otro extremo, Uruguay solo deberá incrementar en un 80% los recursos destinados a las pensiones. Al dividir el esfuerzo necesario por personas de veinte a 64 años, lo que proporciona un proxy del esfuerzo a realizar por cada persona en edad activa, se verifica que Brasil y Paraguay deben multiplicar por cerca de cuatro el esfuerzo que realizaría cada persona en edad activa, en relación con el que hacía en 2014. Uruguay y Bolivia son los que menos cambios deberían hacer, lo que en el caso de Uruguay se explica por el bajo nivel en el incremento de las personas mayores, mientras en Bolivia tiene que ver con el bajo nivel de las pensiones actuales y, por lo tanto, con la baja demanda de recursos asociada al incremento de personas mayores demandantes de pensiones. Vale la pena aclarar que un mayor «esfuerzo» por persona en edad activa implica mayores niveles de producción, lo que puede suponer ya sea mejorar los niveles de productividad o incrementar la proporción de personas en edad activa involucradas en el proceso productivo.

En el segundo escenario, se observa que tanto Bolivia como Paraguay deben multiplicar por más de ocho los recursos mensuales destinados a las pensiones, debido principalmente al incremento en la calidad de la protección que demanda aproximarse al nivel regional medio de pensiones. En el otro extremo, Uruguay solo debe incrementar en 40% los recursos destinados. Al hacer el análisis por persona de veinte a 64 años, Chile, Bolivia y Paraguay son los que mayores esfuerzos per cápita deberían hacer, mientras Uruguay es el que menos. Esto se explica por el hecho de que, en dicho país, proporcionar pensiones equivalentes a la media regional supondría reducir los niveles actuales de protección y, además, que reportará menor incremento relativo de personas mayores. De todas formas Chile, Brasil y Uruguay son los que, en términos absolutos, debieran realizar un mayor aporte per cápita.

Dado que en la región la organización de los sistemas de pensiones se basa en el modelo contributivo, en ellos el acceso a una pensión depende de las contribuciones realizadas durante la edad activa. Este paradigma se sostiene mediante cotizaciones hechas por los trabajadores formales y depende de una relación entre el número de cotizantes y el de beneficiarios. De tal manera, si se quisiera hacer un análisis prospectivo sobre el futuro de los sistemas de pensiones actualmente vigentes en la región, es necesario tener en cuenta el efecto que la informalidad en el empleo pueda tener sobre estos. En tal sentido, se encuentra que en 2015 un 55,4% de los ocupados de América Latina no cotizaba a la seguridad, y que en los países del Cono Sur esas proporciones alcanzaban 24,4% en Uruguay, 32,2% en Chile, 40,6% en Brasil, 46,1% en Argentina, 78,6% en Paraguay y 82,6% en Bolivia ( 2018). Estos datos dan cuenta de que, en caso de persistir estos niveles de informalidad, un sistema basado solo en un esquema contributivo pondrá en riesgo el acceso a las pensiones de millones de personas.

Por otra parte, si bien las edades activas pueden transformarse y no dan cuenta de la cantidad efectiva de personas cotizantes, la evolución de la relación entre personas de veinte a 64 años y personas mayores permite una primera aproximación al impacto de las dinámicas demográficas en las dificultades de sostenibilidad de los sistemas contributivos. Así, al observar el Gráfico 7 se puede concluir que la dinámica demográfica complicaría esta relación en los próximos años, dificultando el financiamiento de las pensiones contributivas.

En el Gráfico 7 se puede observar que los cambios son más moderados en Argentina y Uruguay, con reducciones de entre un 50% y un 60% de esta relación, mientras que en Chile la reducción es del 250% y en Brasil de más del 300%. Estos cambios más vertiginosos en Chile y Brasil supondrán un desafío mayor para garantizar allí la sostenibilidad de sistemas contributivos.

Demandas de cuidados de personas mayores

El proceso de envejecimiento poblacional presenta otro desafío que es la creciente demanda de cuidados a largo plazo (). La disminución de la capacidad intrínseca o funcional a medida que la edad avanza, eleva sustancialmente el riesgo de caer en una situación de dependencia, definida como la necesidad de ayuda que tienen las personas con limitaciones funcionales o discapacidades para la realización de ciertas actividades consideradas fundamentales, como las actividades básicas () y las instrumentales de la vida diaria (). En tal sentido, el-Brazil (2015) plantea que los cambios al interior de las familias, con un número cada vez menor de hijos y con una creciente inserción en el mercado laboral de las mujeres, generan un desequilibrio entre la demanda y oferta de cuidados, tradicionalmente brindados por el núcleo familiar.

Los constituyen ayudas formales e informales de terceras personas con las y las para que los individuos en situación de dependencia continúen desarrollando su vida con la mayor calidad posible. Dichos cuidados pueden presentarse en forma de:

Las necesidades de clp entre las personas mayores pueden variar significativamente entre diferentes poblaciones, lo cual en gran parte es un reflejo de las diferencias de morbilidad en los procesos de envejecimiento de los países. Malena Monteverde et al. (2016) estiman el porcentaje de personas mayores con necesidades de cuidados, con un trabajo que considera exclusivamente un grupo de actividades comunes en los tres países y estandariza por edad y sexo, y lo establecen en 25,2% en Argentina, en 27,8% en México y en 21,3% en España.

En el presente trabajo se hace una exploración preliminar del efecto de los cambios demográficos sobre las demandas de cuidados. Para dicha exploración se utiliza la escala de Madrid (Durán Heras, 2005), que permite estimar la demanda de trabajo de cuidado de una población. Cada persona de 18 a 64 años requiere una unidad de cuidado, definida como el número de personas que cada día debe cuidar de personas dependientes. Los niños de cero a cuatro años requieren dos unidades, y los de cinco a catorce años, 1,5 unidades; las personas de quince a 17 años requieren 1,2 unidades de cuidado, al igual que las de 65 a 74 años; los mayores de 75 a 84 años requieren 1,7 unidades de cuidado y los mayores de 85 años, dos unidades de cuidado por persona. La escala permite una aproximación a la medición del impacto en la atención de las necesidades de cuidado de las personas potencialmente demandantes, en función de la estructura por edades prevista para las diferentes poblaciones.

En la Tabla 4 se puede observar el comportamiento del índice de la escala de Madrid en los países analizados. Suponiendo que cada persona de 18 a 64 años autosatisface sus necesidades de cuidado, el índice calcula cuántas unidades de cuidado adicionales deben cubrir las personas de 18 a 64 años. Al comparar entre 2015 y 2050 se observa que prácticamente no hay modificaciones en Argentina y Uruguay, mientras que se presenta un descenso de las necesidades de cuidado en Bolivia y Paraguay, debido fundamentalmente al descenso de las demandas de cuidado de niñas o niños. En tanto, se observa un aumento de las demandas de cuidado en Brasil y Chile, debido a la aceleración del proceso de envejecimiento en estos países.

Si bien esta escala proporciona una primera aproximación a la evolución de las demandas de cuidado, no permite diferenciar entre las demandas atribuibles a niñas o niños y a personas mayores. Sin embargo, aun si la cantidad absoluta de cuidados no se transformara categóricamente, sería relevante detectar un cambio en la composición por edades de las personas que demandan tales cuidados, debido a las eventuales consecuencias que dichos cambios pueden tener para las instituciones y sistemas de protección con los que cada población responde a dichas demandas. Por tal motivo, se calculó qué porcentaje de dicho índice se explica por la demanda de cuidado de personas mayores.

En el Gráfico 8 se destacan los casos de Brasil, Chile y Uruguay, en los cuales en 2050 más de la mitad de las demandas de cuidado estarán explicadas por el cuidado de personas mayores. En el caso de Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay, los porcentajes de demanda de cuidado de personas mayores se ubicarán por encima del doble de los registrados en 2015. Por su parte, en Argentina y Uruguay también se producirá un aumento de la demanda de cuidados de personas mayores, pero más paulatino.

Otro de los análisis preliminares que es posible hacer se basa en el número de potenciales cuidadores con respecto a la población que necesitaría cuidado. Este índice se calcula dividiendo el número de personas de cincuenta a 64 años (potenciales cuidadores) por el de personas de ochenta años y más (potenciales demandantes de cuidado). Se puede observar el comportamiento de este indicador en el Gráfico 9, en el que vuelven a sobresalir los casos de Brasil —donde el número de potenciales cuidadores se reduce en 2050 a un tercio de los que había en 2015— y de Chile —donde los potenciales cuidadores son menos de la mitad en 2050 con respecto a los de 2015—. El resto de los países presenta una disminución más atenuada en el número de potenciales cuidadores. Chile con 2,3 y Uruguay con 2,7, son los países con menor número de potenciales cuidadores. Esta drástica disminución en el número de potenciales cuidadores desafía la tradicional solución familiar a la demanda de cuidado de personas mayores. «Solución» que, por otra parte, presenta un sesgo de género en la distribución del trabajo.

Frente a esta situación demográfica, la Organización Mundial de la Salud () (2015) sostiene que en el presente siglo los países deberían considerar contar con un sistema coordinado de para personas mayores. De todas formas, es necesario que cada país evalúe su situación para definir un sistema que sea acorde a su contexto. En nuestra región la problemática del cuidado se está incrementando y ya aparece en acuerdos internacionales como El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (, 2013) y la , 2015). En tal sentido, es de destacar el caso de Uruguay, que plantea un Sistema Nacional de Cuidados que está en fase de implementación en la actualidad. En los demás países de la región prima, en general, la oferta fragmentada y parcial de prestaciones (Gascón y Redondo, 2014), y no existen fondos específicos que financien la extensión universal de su cobertura (Huenchuan, 2011).

Conclusiones

Si bien el proceso de envejecimiento poblacional de los países analizados tiende a converger, se observan divergencias en algunos indicadores, como es el caso del índice de envejecimiento de los países del Cono Sur durante el período 1950-2050. Los países que inician el proceso de envejecimiento más tempranamente (Uruguay y Argentina) van perdiendo posición relativa en el proceso de envejecimiento y ello se debe en gran medida a reducciones de la tgf menos acentuadas. Por su parte, los países con caídas más acentuadas de la que son Brasil y Chile, liderarían el ranking de los más envejecidos en 2050.

Los resultados del análisis prospectivo sobre demandas en seguridad social indican que habrá un importante aumento de los recursos necesarios para el sostenimiento de los sistemas de pensiones para todos los países de la región, así como para conseguir la universalización de la cobertura. Al respecto, Minoldo y Peláez (2012) plantean que, para analizar los retos del envejecimiento sobre el sistema de pensiones, no puede dejarse a un lado la evolución de la generación de riqueza en la sociedad. En el mismo artículo se sostiene que el envejecimiento interpela fundamentalmente a los sistemas contributivos:

En este sentido, el paradigma contributivo entraña problemas de sostenibilidad, ya que la informalidad del mercado laboral latinoamericano y el aceleramiento del envejecimiento poblacional comprometerán el sostenimiento financiero de los sistemas puramente contributivos. Si los sistemas de seguridad social solo se financian con contribuciones salariales de empleados formales, el cambio en el tamaño relativo de la población de edad avanzada y aquella en edad de trabajar afectará, sin lugar a dudas, su financiamiento. Cuanto más tiempo se posponga una reforma, mayor será su necesidad y más drástica deberá ser su implementación (Grushka, 2014). En consecuencia, se propone vincular el financiamiento de los sistemas de pensiones con una transferencia intergeneracional de los recursos generados por una mayor productividad, a fin de garantizar su sostenibilidad. En ese marco, resulta relevante enriquecer el presente análisis realizar con estudios prospectivos sobre el crecimiento de la riqueza generada en la región.

Otra cuestión problemática con relación a los sistemas contributivos, con los que los Estados han resuelto tradicionalmente el tema del acceso a pensiones (Huenchuan, 2013), es que en estos el acceso a una pensión es un derecho adquirido por una trayectoria de cotizaciones durante la vida laboral. En general, los rígidos requisitos de elegibilidad y la creciente informalidad de los mercados laborales hacen prever un deterioro en la cobertura de los sistemas previsionales de la región (Rofman y Apella, 2014). Al analizar la evolución del gasto en jubilaciones y pensiones de Argentina, Rafael Rofman e Ignacio Apella (2014) sostienen que si no se modifican las reglas de acceso, el proceso de envejecimiento no afectaría el gasto previsional, ya que el aumento de la población se «compensaría» con una pérdida de cobertura. Esta situación atentaría claramente contra lo firmado en la . El acceso a la seguridad económica, planteado como un derecho en esta convención, torna imprescindible rediscutir el paradigma de los sistemas de pensiones contributivas, que genera una cobertura segmentada, con gran número de personas mayores excluidas en un contexto de envejecimiento poblacional e informalidad en el mercado laboral. Analizar la implementación de sistemas universales, donde el acceso a derechos sea de las personas y no solo de los trabajadores, es una necesidad imperante para no caer en escenarios con grandes cantidades de personas excluidas del acceso a este derecho (Peláez, Monteverde y Acosta, 2017). Como se analizó en los escenarios establecidos, la universalización de la cobertura supone desafíos dispares en los diferentes países y cabe considerar, además, que el enfasis en la expansión de cobertura no debe solapar la importancia de la calidad de la protección, como ilustra el caso de Bolivia, cuya alta cobertura se combina con una baja calidad media de protección.

Otro desafío asociado con las tendencias demográficas es el requerimento de avanzar hacia un sistema integrado de clp, basado en las nuevas concepciones y buenas prácticas y financieramente sostenible (para los presupuestos de los individuos, las familias y el sector público) (Peláez, Monteverde y Acosta, 2017). Los cambios demográficos y sociales imponen la urgencia de esta discusión, no solo porque el envejecimiento poblacional continuará profundizándose, y es probable que el contexto de morbilidad no sea el más favorable en los países de la región, sino por los «enormes costos sociales y económicos (costos médicos evitables y costos de oportunidad de los cuidados informales, entre otros) que supone no enfrentar este desafío» (, 2015, p. 143). A este respecto, los países deben diseñar sus sistemas de cuidados basados en el enfoque de derechos, la perspectiva de género y la organización de servicios centrados en las personas, siguiendo las recomendaciones de la(2015).

Los cambios demográficos indican que la demanda de cuidados de personas mayores aumentará notoriamente para mediados de siglo, mientras que la disponibilidad de personas cuidadoras disminuirá sostenidamente. La solución tradicional a la problemática del cuidado, es decir, vía recursos informales familiares, provistos esencialmente por las mujeres, resulta inaceptable social y políticamente (Rossel, 2016). En tal sentido, el incremento en la demanda de cuidados en la vejez requiere sin lugar a dudas de una mirada de género, ya que la población adulta mayor dependiente, en un futuro no tan lejano, estará compuesta en mayor medida por mujeres que, además de requerir cuidados, se encontrarán en situación de mayor vulnerabilidad respecto de los hombres por haber tenido inserciones laborales más precarias y estar en desventaja en el acceso a pensiones y jubilaciones (Rossel, 2016). Como consecuencia, es preciso proporcionar opciones desde el Estado para que las familias puedan resolver sus necesidades de cuidado de la manera que deseen, teniendo garantizado el derecho a cuidar, a no ocuparse ellas mismas del cuidado y a autocuidarse. Cecilia Rossel (2016) también señala que, de no mediar políticas que promuevan el involucramiento de los hombres en las tareas de cuidado, las mujeres seguirán siendo la variable de ajuste de las restricciones presupuestarias y de los ritmos de la implementación de la política pública.

Han sido muchos los esfuerzos de la civilización humana por alargar la vida y combatir la mortalidad. El envejecimiento de la población es un fenómeno que nos interpela en tanto que, si ese logro se convirtiera en tragedia social, habremos fracasado como civilización. En palabras de Pérez Díaz (2016), «las sucesivas generaciones de personas mayores están cambiando el mundo para bien, desde que nacieron, y lo harán todavía más en las próximas décadas. A las sociedades contemporáneas les urge apoyar y aprovechar estas novedades, en vez intentar revertirlas» (p. 9). Es menester, por lo tanto, afrontar los desafíos que el envejecimiento poblacional presenta a la organización social imperante y plantear soluciones que permitan avanzar en lograr un envejecimiento con calidad de vida. En este sentido, cuando se trate de buscar soluciones a problemas de sostenibilidad de la seguridad social, no será lo mismo estar frente a restricciones de riqueza que frente a una insuficiencia de las transferencias a las personas mayores. Es decir, frente a un problema distributivo (Minoldo y Peláez, 2017).

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